Hacia un nuevo pacto político y social. MB

a coalición de partidos políticos que gobierna el país desde 1990, Concertación de Partidos por la Democracia (la Concertación), ha devenido en una situación política crítica, la que se ha agravado en este año de 2008. Ello se ha expresado en múltiples conflictos al interior de los partidos (incluyendo algunas escisiones) y también entre ellos. Esta misma situación ha provocado indisciplinas en el apoyo al gobierno y una creciente desafección de la opinión pública. Ha coincidido esta crisis con un hecho históricamente notable en el país. Por primera vez, después de casi dos siglos de vida independiente asumió, en 2006, la Presidencia de la República una mujer, Michelle Bachelet Jeria. Con ello se ha enviado un poderoso mensaje democratizador a la sociedad y se ha facilitado la profundización de las tendencias a una mayor igualdad entre hombres y mujeres en los distintos órdenes de la vida social, familiar y económica. Se ha abierto también la posibilidad para un amplio cambio social. La histórica lucha emancipadora de las mujeres en la sociedad chilena ha dado, así, el mejor de los frutos en el ámbito político. En la actual coyuntura estos dos fenómenos –crisis en la coalición y gobierno de Bachelet- urgen tanto a los que actúan en la política como a los que lo hacen en el plano de la reflexión y la investigación social a realizar un esfuerzo a fin de analizar abiertamente el nuevo escenario político y de proponer al país un proyecto de esperanzas realizables. El objeto de este artículo es señalar algunos temas y trazar algunas líneas acerca de tal proyecto. Para ello se hará un escueto análisis de los aspectos más débiles del proceso de transición de la dictadura a la democracia en el entendido que la principal tarea de la Concertación fue, justamente, liderar este tránsito. Si tal proceso ha finalizado –con las tareas cabalmente cumplidas o no- la Concertación habría ya terminado su misión histórica primigenia y sería la hora de plantear un nuevo proyecto que la justifique ante una nueva realidad de un país transformado en lo político, en lo económico y en lo social.

Desmitificando la transición chilena

Se ha convertido en un lugar común en estos diez y ocho años de gobiernos concertacionistas proclamar el carácter ejemplar de la transición chilena. El paso incruento de la dictadura a la democracia y la consolidación de la misma en los tres periodos presidenciales que siguieron al gobierno del General Pinochet serían, según esta visión, un proceso modélico. Cuando ya se ha iniciado el último bienio del cuarto gobierno de la Concertación, parece llegada la hora de discutir cuánto de verdad existe en esa afirmación y cuánto de ilusión hay en ella.

Naturalmente si se considera preferentemente los aspectos políticos y electorales hay que afirmar que el término del gobierno militar y el acceso a la dirección del Estado de un Presidente electo por voto popular implicó un logro histórico gigantesco para el país, que trajo libertad, mayor normalidad en la vida de los ciudadanos y, sobre todo, recuperación de derechos individuales y colectivos, especialmente cívicos, para millones de chilenos. Con el tiempo se ha producido una creciente movilización social. Además de ello se ha obtenido un notorio progreso material en el país, especialmente en infraestructura física. La democracia y la acumulación capitalista han traído importantes y visibles transformaciones en variados ámbitos de la vida nacional. El Estado ha aumentado y perfeccionado sus políticas sociales, lo que ha resultado en una importante disminución de la pobreza. Las políticas fiscales y la apertura económica han permitido el crecimiento de la economía de un modo persistente. Nada de ello está en duda. Y es por todo eso que el país de hoy parece muy distinto al de ayer. (Los logros están documentados en forma entusiasta y amable en Patricia Politzer; Chile: ¿de qué estamos hablando? Retrato de una transformación asombrosa; Santiago: Editorial Sudamericana, enero 2006).

Sin embargo, es necesario hacer una reflexión de una temática más extensa a fin de entender por qué junto al mayor desarrollo social, político y material hay frustración en amplios sectores de la población y por qué el éxito de la coalición gobernante se acompaña con una crisis política que pone en duda su propia identidad. También es necesario visualizar si esta coalición puede seguir aportando a la democratización y al progreso de la sociedad chilena, es decir, qué podrían esperar los chilenos de ella en cuanto al mejoramiento de la institucionalidad democrática y a la solución de los problemas económicos, sociales y culturales, en una etapa ya avanzada del proceso histórico, distinta al de la década de los años 90´ tanto en lo nacional como en lo internacional. La revolución tecnológica, la globalización de la economía y los nuevos temas mundiales han colocado los problemas y sus soluciones en otro nivel. Algunas instituciones y personas pueden haber quedado obsoletas.

Un objetivo opuesto es evidenciar cuáles son los temas específicos en los cuales no es posible avanzar con esta alianza política. Así, por ejemplo, está probado por la realidad que en los llamados “temas valóricos” no se puede ir muy lejos. Algunos de ellos provocan tales dificultades que, según algunos dirigentes, es preferible para ellos dejar la Concertación a permitir siquiera que se discuta en el Parlamento una eventual ley sobre el aborto, por ejemplo. El punto es que si el aborto no puede discutirse porque la coalición se rompe hay que responder a la pregunta de qué pasa mientras tanto con las mujeres que mueren por practicarse abortos clandestinos. ¿Es justo socialmente, políticamente, éticamente olvidarse de ellas; poner la ley, y aun la discusión de la ley, en el congelador y seguir viviendo como si nada pasase sin incurrir en cargos de conciencia y renuncios políticos por ello?

A la muerte del General Pinochet todo el mundo democrático ha percibido –y en el exterior muchos han reclamado- que a pesar de los numerosos procesos incoados en su contra, no fue condenado por ninguno. Con razón las víctimas aún vivas, y los familiares de los muertos se lamentan frente al Poder Judicial por ello. ¿Pero es que la coalición gobernante, los mismos gobiernos, y los opositores en el parlamento y la prensa, son ajenos a esta denegación de justicia?

Los aspectos ligados a la economía y al modelo neoliberal implementado por la dictadura, y sus repercusiones en la vida de los chilenos, son otros de gran importancia a discutir. ¿Ha habido alguna transición al respecto, es decir, se ha pasado de un estado económico a otro? Pues eso es lo que significa transición. ¿En qué consiste ese tránsito si es que lo ha habido? En especial, cómo se ha conducido la distribución del ingreso entre las diferentes capas sociales y, en general, constatar si las oportunidades de vida han tendido a una mayor o a una menor diferenciación, entre los distintos sectores de la población. ¿La organización de la sociedad y de la economía ha permitido una mayor movilidad social ascendente y descendente o el sistema de clases sigue tan cerrado como fue tradicional en la sociedad chilena?

¿La vida cultural, los valores espirituales, el respeto del otro, la solidaridad humana, los derechos de las personas, la felicidad de los individuos son superiores ahora que antes? ¿Los chilenos somos mejores o peores seres humanos? Son aspectos menos objetivos y mensurables, por tanto, difíciles de dilucidar, pero que tienen gran importancia para la integración social y la vida cotidiana de las personas.

Claros y oscuros de la transición chilena a la democracia

La aseveración de que la transición de la dictadura a la democracia ha sido ejemplar necesitaría justificarse tomando en su conjunto los fenómenos de la transición; el total de los procesos y de sus resultados. Enseguida se enumeran algunos de ellos:

a. El pacto entre el General Pinochet y su equipo, y los sectores democráticos fue un pacto entre cúpulas, entre los altos personeros de ambos lados. La opinión pública no tomó pleno conocimiento de la negociación y de los acuerdos entre el equipo del General Pinochet y el de la Concertación para el abandono del gobierno por parte de las Fuerzas Armadas. De las eventuales garantías (si las hubo) otorgadas por la oposición a la dictadura respecto de las acciones del gobierno militar, tanto en relación a los derechos humanos, las privatizaciones, las prebendas para el General Pinochet, sus familiares y allegados. Tampoco hubo pleno conocimiento sobre la gestación de los acuerdos en torno al status jurídico y militar que mantendrían en democracia Augusto Pinochet y su grupo de generales, y los otros Comandantes en Jefe de las distintas ramas de la defensa nacional y de la policía. Para el proceso de transición y la conformación de la sociedad post-gobierno militar el que el General Pinochet continuara como Comandante en Jefe del Ejército hasta el 6 de marzo de 1998, esto es, más allá del término del periodo del primer Presidente elegido fue un hecho decisivo, insoslayable en cualquier análisis serio del tipo de desarrollo social, político y económico posteriores.

La ciudadanía no conoció la discusión (si la hubo) sobre el reconocimiento de legitimidad de las leyes dictadas en los últimos días del gobierno militar, luego de perder las elecciones presidenciales. Tampoco conoció el contenido de las leyes secretas dictadas durante el gobierno militar.

Tampoco fueron de dominio público las relaciones que se establecieron en los hechos entre los primeros gobiernos de la democracia (Alwyn y Frei) y la Comandancia en Jefe del Ejército. Las disponibilidades presupuestarias de los Jefes de las Fuerzas Armadas y el tipo de control por parte de los organismos del Estado incluyendo los dineros provenientes de la minería del cobre.

Naturalmente, el abandono del gobierno por las Fuerzas Armadas fue un proceso negociado, en el cual cada parte ponía sus condiciones. Las condiciones convenidas dependían del poder real y/o virtual de cada sector. No hay otro modo de realizar un traspaso pacífico del poder. Sólo los que participaron directamente en el proceso (y la historia en el futuro) nos podrán decir si el sector democrático evaluó correctamente o no la fuerza de su legitimidad democrática, es decir, si cedió más allá de las potencialidades de una eventual movilización social pacífica, aunque ambiciosa. Cuando decimos que la opinión pública no tomó pleno conocimiento del conjunto de la negociación no estamos diciendo que debió necesariamente hacerlo en ese momento histórico, sino que el hecho fue tal, aunque eventualmente pudo no serlo.

b. La sociedad chilena no conoce las razones de la incapacidad del Poder Judicial para juzgar al General Pinochet. La ciudadanía no tomó pleno conocimiento de las razones del gobierno democrático para su rescate respecto de la justicia internacional encarnada en el juicio del juez español Baltasar Garzón.

c. Las privatizaciones de las grandes empresas del Estado, realizadas por la dictadura que enriquecieron a algunos de sus más connotados personeros. Bajo qué condiciones se realizaron y cuál es la evaluación de ellas. Todo ello ha quedado bajo un manto denso de olvido y misterio, es decir, de cero transparencia.

d. Reparación a las víctimas de los derechos humanos. En algunos aspectos ha habido medidas reales de reparación y, en otros, simbólicas. Sin embargo, en un tema crucial desde el punto de vista del empleo, la seguridad económica y el honor de las personas, como el de la reincorporación de los exonerados a sus empleos, las políticas han sido discriminatorias. ¿A quiénes se reincorporó? Es clara la reincorporación de las elites políticas a sus mandos: ministerios, embajadas, senadurías, diputaciones, liderazgos en los partidos, pero no ha sido así con los cientos de miles de exonerados de empresas privadas, de universidades y de la administración pública.

e. El sistema político. En lo esencial sigue vigente el diseño realizado por el gobierno militar, aunque con importantes modificaciones acerca de la composición del Senado, logradas avanzada ya la transición, pero no antes del bochorno democrático que significó la incorporación del General Pinochet en calidad de “senador vitalicio”, el 11 de marzo de 1998. El sistema electoral binominal continúa. La derecha ha estado en el Parlamento ejerciendo un poder político durante toda la transición, en una cuota superior a la correspondiente a su acervo electoral. El cuerpo electoral es restringido, ya que no existe la inscripción electoral obligatoria y muchos jóvenes no están suficientemente motivados para hacerlo en forma voluntaria. Por otro lado, Chile es de los pocos países democráticos cuyos ciudadanos que viven en el extranjero no pueden ejercer el derecho al sufragio en el país de residencia, ni aún los empleados públicos que deben vivir en el exterior, en razón de sus funciones. En cuanto a la duración del periodo presidencial se produjo una reforma regresiva durante el mandato del Presidente Lagos: cuatro años sin reelección, lo que ha provocado que la vida política gire permanentemente en función de la próxima elección presidencial con todo el coste político que ello implica. El mayor logro político-electoral de la Concertación es haber ganado todas las elecciones realizadas desde el retorno a la democracia.

f. Medios de comunicación. Todos los medios de comunicación influyentes y poderosos son de derecha, de oposición a los gobiernos democráticos. La salvedad es TVN que por ley debe ser políticamente “imparcial”. La Concertación fue incapaz de mantener siquiera los medios que funcionaron con tantas dificultades durante la dictadura o de crear otros. ¿A dónde van los miles de millones de pesos que los organismos del Estado y las empresas públicas gastan en publicidad? En su mayor parte a la prensa escrita de oposición. Lo grave es que ella es el principal instrumento de que dispone la derecha para imponer la agenda política en la coyuntura al país. Y así lo hace de modo sistemático y exitoso, sin contrapeso importante.

g. Modelo económico. ¿Tenemos un modelo económico diferente al del gobierno militar? ¿La estrategia de “crecimiento con equidad” tiene un correlato con la realidad? ¿Qué cifras avalan la transición de un modelo a otro? ¿El modelo económico no se sustenta para su éxito en los grandes conglomerados, nacionales y extranjeros, en su capacidad de inversión, en su incorporación de tecnología y en sus capacidades de gestión con un papel muy secundario en la economía de las medianas, pequeñas y microempresas? ¿El Estado subsidiario ha experimentado cambios importantes? La Concertación ha realizado notables esfuerzos para dar protección a los sectores de mayor pobreza, pero en lo esencial el actual modelo económico es más parecido al del gobierno militar que a cualquier otro. Está basado en la explotación por parte de las grandes empresas de las riquezas naturales. Los servicios, el comercio y la banca tienden a la concentración en grandes empresas, con elevados márgenes de ganancia. Es así como el crecimiento del país durante los años 2006 y 2007 fue mediocre, pero las ganancias de las grandes empresas, de la banca y la bolsa fueron sobresalientes. La economía estatal es francamente minoritaria. El Estado concentra sus esfuerzos en la regulación con éxito relativo. Los nuevos temas (medio ambiente, competencia, nuevas tecnologías, desarrollo sustentable, estrategia de desarrollo industrial) no se han instalado claramente en la realidad nacional. Hubo dirigentes políticos dentro de la misma Concertación que hicieron de su crítica al modelo y de la necesidad de su corrección su “caballito de batalla” personal, con lo que afianzaron su liderazgo tanto al interior de su partido como entre sus electores. (Luego desertaron de ella y hoy aparecen aliados de la derecha, extrañamente.)

¿Cuáles son las relaciones entre la dirigencia política y el gran capital? Es natural y explicable que en una economía basada en la inversión de las grandes empresas los gobernantes tiendan a mantener cordiales relaciones con el gran empresariado. Pero ello puede distorsionar la política del Estado en temas tales como impuestos, redistribución del ingreso, políticas de precios, de competencia y del trabajo ¿Cuál es la fuerza del entramado social, económico y político que tiende a establecerse entre la elite política y el gran capital en periodos históricos de potente acumulación de capital y nula redistribución del ingreso? Hemos observado, por ejemplo, que connotados antiguos revolucionarios se han convertidos en asesores de grandes empresas. En los últimos años, se ha asistido a una constante cooptación por parte del gran capital de importantes personalidades políticas de la Concertación. Grandes empresarios declaran que a ellos les ha ido bien con la Concertación. Ello, de por sí, no estaría mal si los medianos y pequeños dijeran lo mismo.

h. ¿Se ha generado una renovación de las dirigencias políticas? ¿Ha habido con la democracia una explosión de la participación política de aquellas capas sociales que estuvieron excluidas durante el gobierno militar? ¿Es que la lucha contra la dictadura que se realizó en el país dio origen a un potente liderazgo político masivo, popular o es que el liderazgo principal es el mismo del de la década de los 60’ y primeros 70` que ya participó de los gobiernos de Frei Montalva y Allende y/o de los Parlamentos de la época? El movimiento popular durante los largos años del gobierno militar se organizó en numerosas organizaciones: sindicatos; juntas de vecinos; ollas comunes; ONG´s de estudio, de capacitación y de solidaridad; en las llamadas organizaciones económicas populares; en las comunidades cristianes de base, etc. Ahí se generó un multitudinario liderazgo popular, cuya expresión más dramática fueron las decisivas protestas callejeras en contra de la dictadura, pero cuya actividad fue cotidiana. Eran tiempos en que se manifestó una sociedad civil variada y potente que con la llegada de la democracia tendió, extrañamente, a desaparecer para dar paso a una excluyente sociedad política. Porque hay que decirlo claramente, mientras la dirigencia política estaba en el exilio aquí al interior del país la esperanza popular no se dejó abatir. ¿Qué pasó con estos líderes populares, por qué no accedió ninguno a las responsabilidades superiores del Estado durante los gobiernos democráticos? En este periodo han aparecido algunos nuevos rostros en la política tanto en la derecha como en la izquierda, pero frecuentemente son familiares de antiguos dirigentes políticos. Como muchos analistas han apuntado, la política chilena fue, es y si no se realiza una drástica intervención en los partidos, seguirá siendo bastante endogámica. Y, como es fácil imaginarse, la endogamia y el nepotismo son primos hermanos. Así el Poder Político reside hoy, tal como en el Chile premoderno, en unas pocas familias de derecha y de izquierda, de clase alta y de clase media alta, las que vienen mandando este país desde hace décadas. Por ello, entre otras razones, la transparencia en las decisiones de los partidos es escasa. Y esta es una de las mayores deudas de nuestra democracia, la que en teoría ha planteado la transparencia como postulado para que el ciudadano pueda participar en la política, incluyendo el proceso de toma de decisiones. Esta falta de renovación ha significado una cuasi captura de parte de ciertos individuos y familias de los más altos cargos del Estado. Los nombres de la elite de la Concertación en los altos cargos se repiten desde 1990 hasta el día de hoy, ad nauseam.

Los nombramientos en los altos cargos del Estado en ocasiones no se correlacionan con las capacidades específicas del privilegiado. La transición está en deuda en este sentido. Los nombramientos han sido por cuoteo político como la norma orientadora. Ello explica, en parte, las actuales dificultades. Es muy difícil conciliar servicios o lealtades a pagar (o a conquistar) por parte del que decide, cuotas de los partidos, cuotas de las tendencias al interior de los partidos, las ambiciones personales de los candidatos, sus relaciones con los altos dirigentes partidarios, sus antecedentes y experiencias profesionales, y las necesidades del cargo. La política de paridad entre hombres y mujeres en el ministerio de la Presidenta Bachelet ha sido una innovación que podría variar, en parte, esta conducta a pesar de la porfiada ley de hierro del cuoteo partidista todavía vigente y causante de no pocos problemas para la Presidenta. El campo de reclutamiento de los altos funcionarios ha estado reducido a la elite política quedando fuera de dicho campo muy amplios sectores sociales.

i.- Las desigualdades entre pobres y ricos han aumentado. A pesar de las políticas sociales a favor de los pobres las desigualdades económicas entre los ricos y los pobres en vez de disminuir han aumentado. En este sentido el mercado le ha ganado al Estado. Se ha obtenido éxito en batallas contra la pobreza, aunque no todos los prometidos. Por ejemplo, el Presidente Frei prometió al inicio de su mandato eliminar la extrema pobreza, o indigencia, y al término del mismo se contabilizaba un mayor número de extremadamente pobres que seis años atrás, cuando inició su gobierno. Doce años más tarde, el 21 de mayo de 2006, la Presidenta Michelle Bachelet prometió que para el 2010 habrá “indigencia cero”. Es de esperar que ahora sí se desplieguen las diversas iniciativas necesarias para alcanzar ese logro nada de fácil. (Es de suponer, en todo caso, que la expresión usada por la Presidenta no debe entenderse en su sentido literal, ya que ello sería imposible dada la actual realidad social de nuestro país). También las diferencias que ocurren entre trabajadores de distintas sectores económicos, han aumentado como, quizás, nunca antes. Véase el ejemplo de los trabajadores del cobre en relación a los del comercio, la construcción, el sector agrícola y el servicio público. También las diferencias entre el empleo formal y el precario. Y al interior de las empresas entre los altos ejecutivos y el resto.

Respecto de la situación de los trabajadores, de sus condiciones de trabajo y de vida los gobiernos democráticos han hecho grandes esfuerzos, especialmente en la legislación correspondiente, aunque es difícil señalar cuanto impacto tiene la ley en el mundo real. En Chile en materia del trabajo se ha confiado demasiado en la legislación en perjuicio de la realidad. El mayor problema del país en el orden laboral no es la falta de leyes; es el escaso cumplimiento de la ley. Con todo es necesario evaluar las respectivas políticas y averiguar el por qué a pesar de ellas la distribución del ingreso es tan regresiva ahora como en 1990.

j. Conservadurismo valorativo. Para adelantar en el proceso de modernización del Estado, de la sociedad y de la vida cultural, que en
muchos aspectos tuvo un fuerte retroceso durante el gobierno militar es
necesario avanzar persistentemente en la laicidad tanto del Estado como de
la vida social, a fin de terminar con la confusión religión/política. Sin ello seguiremos siendo una de las sociedades más conservadoras de la región y correremos el riesgo de ser comparados con culturas fundamentalistas ajenas a la tradición democrática y racionalista del mundo occidental. Una de las últimas leyes dejadas como herencia de la dictadura a la democracia fue la prohibición del aborto terapéutico. Y esa prohibición aún está vigente. “Prácticamente todos los países de América tienen leyes sobre el aborto terapéutico que datan, algunas, del año 1870.” (Mirta Roses, Directora de la OPS; El Mercurio, 18 noviembre, 2006). Por otro lado, está comprobado que son hijos que nacen bajo las leyes que sancionan el aborto los que, de mayores, pasan a practicar la delincuencia como forma de vida, convirtiéndose en drogadictos y delincuentes y, muchas veces, en asesinos. (Véase al respecto el análisis de Steven D. Levitt y Stephen J. Dubner; Freakonomics; Barcelona: 2006. Capítulo 4 “¿Adónde han ido todos los criminales?; pp.123-150).

En cuanto al conservadurismo valorativo no se ha producido un cambio significativo en la cultura oficial. Todavía existe la necesidad, pero en muy pocos la voluntad, de luchar por una sociedad civil culturalmente más libre, menos sometida a los valores tradicionales de los grupos dominantes en nuestra cultura. La laicidad es un valor de la modernización que no ha penetrado en Chile. El proceso de separación de la Iglesia y el Estado que comenzó en la tercera década del Siglo XX no se ha completado.

Lo anterior se ve reflejado claramente en la mentalidad de muchos políticos. Actúan en la vida pública, al interior de las instituciones políticas del Estado, de acuerdo a sus convicciones religiosas en desmedro de la realidad social, que a veces significa vidas humanas en peligro o situaciones sociales altamente riesgosas para grandes sectores de población. No distinguen sus creencias de las políticas del Estado ni aun los parlamentarios, que deben legislar para el total de la comunidad nacional.

Por otro lado, muchas personas atentas observan que el chileno se volvió, desde los años 70´s hasta ahora, más egoísta y menos solidario; más materialista y menos idealista; más vulgar y menos educado; más ramplón y menos espiritual. Consumista, endeudado y angustiado en gran proporción, según varios estudios. Es decir, el conservadurismo valorativo no ha demostrado que convierta en mejor la vida de las personas y de los grupos sino en todo lo contrario.

k. El distanciamiento de las elites. Las elites, tengan su soporte en el poder económico, en el poder y las relaciones políticas, en las relaciones familiares, o en las de amistad y asistencia mutua, conforman en Chile otra sociedad, distante y distinta a la sociedad conformada por el hombre común. Viven en barrios segregados, algunos verdaderos refugios. Sus hijos van a colegios especiales. Su estilo de vida tiende a imitar al de los ricos de los países desarrollados. Adoptan modas, valores y bienes según su percepción de la elite internacional. Si pudiésemos medir el poder social, político, económico y cultural es obvio que la transición chilena no significó que los sectores pro dictadura de la elite (gran mayoría) perdieran su poder sino que solamente lo disminuyeron en una pequeña proporción. Estas personas y los estratos sociales correspondientes quedaron, y siguen estando, muy fuertemente asentados en la sociedad, en la economía, en la institucionalidad política y, muy especialmente, en los medios de comunicación. Ello debido en buena parte a que la relación entre el Estado, los partidos políticos de centroizquierda y los sectores populares que existía bajo el modelo de desarrollo anterior al gobierno militar, fue cambiada drásticamente por las reformas neoliberales. Y estos cambios sobreviven en democracia. Este punto se analiza, en detalle, en un trabajo escrito por el autor. (Manuel Barrera; “Political Participation and Social Exclusion of the Popular Sectors in Chile” en Philip Oxhorn y Pamela K. Starr (editores); Markets and Democracy in Latin America. Conflict or Convergence?; Boulder y Londres: Lynne Rienner Publishers; 1999; pp. 81- 102).

En cuanto al Poder la transición no ha significado, pues, el paso de un estado de situación a otro. Sólo ha habido transición en cuanto unas personas reemplazaron a otras en el sector ejecutivo del gobierno del país, mediante elecciones, pero no mucho más. Si el gobierno militar tenía un poder duro y extenso el gobierno democrático ha tenido un poder blando y limitado. Ello explica muchos de los incumplimientos, deudas, faltas, renuncios, dificultades de los gobiernos democráticos para gobernar, aunque no todos.

Si comparamos el cambio que hizo en el país el gobierno militar con el cambio realizado por la Concertación deberíamos afirmar que el del gobierno militar fue mayor, más profundo y, quizás, de mayor impacto en las estructuras de la economía, la sociedad y la cultura. El hecho de que algunos de los que fueron los líderes más progresistas de la Concertación se estén incorporando al establishment del gran capital es un importante indicador de la penetración de esos cambios. De modo que la transición de la democracia a la dictadura –en el sentido de la consolidación de una sociedad autoritaria y excluyente- fue más completa que la transición de la dictadura a la democracia. Ello explica que la derecha no tenga aún plena legitimidad democrática y que pierda todas las votaciones generales. No la tiene porque, en lo profundo, siguen estimando (algunos) y añorando (otros) la obra del gobierno militar y al gobierno militar mismo, ya que para muchos su status actual deriva de él. Es su drama, pero también es el drama del país ya que la alternancia en el poder es teóricamente conveniente para la democracia, a condición de que todos los contendientes tengan credenciales democráticas.

El ciudadano común está separado de estas elites por su experiencia de vida y de trabajo, por su habitat, por su capacidad de compra, por las asperezas con que vive sus enfermedades y los esfuerzos por enfrentarlas. La vida del ciudadano común está marcada por la incertidumbre, por la necesidad de preservar su trabajo, a veces oprobioso; por sus expectativas de poseer una casa propia, de que sus hijos estudien y obtengan un trabajo en su futuro. Sus alegrías cotidianas giran en torno del partido de football, el pago del salario de fin de semana o de mes, el plato de comida, el trago de cerveza, la vida familiar. La experiencia del desempleo, de la exclusión, de la pobreza prolongada induce a algunos al robo ocasional, primero, y con el desempleo prolongado y el estímulo del alcohol y la droga, a la delincuencia como estrategia de sobrevivencia permanente. Los hijos pueden abreviar el ciclo si, iniciados por los padres y hermanos mayores, ahorran el tiempo de búsqueda de trabajo y de robos menores y pasan directamente, con capacitación incluida, a la vida delictiva como actividad permanente. Está claro que el lujo ostentoso; la economía de libre mercado con su persistente, excesiva y sexualmente exuberante publicidad; los malls, catedrales del consumo que reúnen ocio, sociabilidad y comercio en un mismo recinto, son como el llamado de la selva para los instintos consumistas de todos, incluyendo a los que no tienen dinero para pagar y que poseen capacidad delictiva. Ven en la posibilidad del delito su ventaja comparativa para hacerse de dinero y tener la posibilidad de experimentar algún atisbo de la de vida de la elite.

¿Podría existir nuestra elite socialmente indolente y dispendiosa sin la pobreza, la exclusión, las desigualdades inicuas? No podría existir. Para eliminar la pobreza y las desigualdades en Chile se necesita del un enorme esfuerzo en materia de educación, vivienda, alimentación, trabajo digno (que incluya el respeto a los derechos fundamentales de todos los trabajadores) y un enorme esfuerzo en salud, por cierto, mucho más de lo mucho que se ha hecho en los últimos años. Y todo ello requiere bastante dinero y ese dinero hay que obtenerlo desde donde él está. (Una propuesta inteligente e informada a los fines de mejorar nuestra pobrísima perfomance en materia de igualdad de oportunidades se lee en Eduardo Engel y Patricio Navia; Que gane “el más mejor”. Mérito y competencia en el Chile de hoy; Santiago: Random House Mondadori S.A.; agosto 2006.

m. Sistema tributario. Es un sistema que recolecta impuestos principalmente través de los impuestos indirectos, como el IVA, que paga toda la población. Las empresas y las grandes fortunas individuales tienen variados mecanismos de evasión y de elusión de impuestos tanto de los directos como de los indirectos. Proporcionalmente son las clases bajas y medias las que pagan más impuestos en Chile. La Concertación no ha tenido la fuerza (¿tampoco la decisión?) para variar substancialmente esta situación. En este respecto no ha habido transición de un sistema a otro. Tampoco está en la agenda del cuarto gobierno de la Concertación, según las declaraciones oficiales, proponer un cambio de fondo en los tributos de empresas y personas.

n. El ciudadano y la lenta modernización de las organizaciones públicas y privadas. La democratización posibilitó que las relaciones entre el ciudadano común y las organizaciones sufrieran un cambio en el sentido de una mayor consideración y respeto hacia el primero. Pocos dirían que ha habido un cambio favorable generalizado, aunque ahora hay más oportunidades de reclamar los derechos sobre todo en relación a las organizaciones públicas. No obstante, cualquiera puede darse cuenta por su experiencia personal que en materia de eficiencia en la atención del ciudadano hay mucho que avanzar. Las grandes empresas privadas que atienden público tienen un déficit de capacitación de la fuerza de trabajo enorme así como de gestión de personal. Han priorizado la presentación de los locales, los aspectos más exteriores, pero no la prevención de los problemas de las personas o la solución de los que se presentan. Modernidad por fuera, pre modernidad por dentro. Las ineficiencias organizacionales traen costos para el ciudadano o cliente. Así sucede con los bancos. También con las de salud, entre otras, tanto la hospitalaria como con el precario seguro estatal. Nada de esto contribuye a la felicidad de las personas. Hay organizaciones públicas que han avanzado enormemente en su relación con el público utilizando las nuevas tecnologías, pero otras no lo han hecho. En todo caso, una reforma integral del Estado, que asegure transparencia, probidad, eficiencia, responsabilidad y evaluación funcionaria es indispensable no sólo en su relación con los ciudadanos sino, además y principalmente, en cuanto al cabal cumplimiento de su misión. Sin esa reforma se seguirán desperdiciando ingentes recursos humanos y financieros, cuya cuantía es difícil de imaginar para quienes no conocen de cerca el “servicio público”.

El ejemplo del servicio exterior, y en particular el de las embajadas, es un aspecto muy nítido de la falta de modernización de importantes funciones que son centrales para la inserción del país en el mundo moderno. Me refiero a un aspecto institucional tan conocido como descuidado por el Ministerio y a una función a la fecha no asumida: el clima humano y organizacional que se vive en nuestras embajadas alrededor del mundo, y el papel del país en la discusión de los problemas que preocupan a la comunidad internacional.
La administración de nuestras relaciones exteriores es muy parecida a la de los institutos armados sin que ello se justifique. En efecto, el gobierno de las embajadas se guía por el principio autoritario del mando único, irrefutable e indiscutible del embajador. Esta autoridad tiene todas las prerrogativas del mando y los demás funcionarios ninguna. El embajador monopoliza el poder, él decide sobre todo, lo importante y lo minúsculo. Por otro lado, en materia de salarios y granjerías prima el principio de a mayor desigualdad tanto mejor.

Otro aspecto en que está en deuda el Ministerio de Relaciones Exteriores y, en general, el gobierno mismo es la adecuada organización y capacitación a fin de realizar, en forma permanente, aportes a la comunidad internacional en los temas que están en discusión en ella. No se trata de saber la opinión del Ministro o del Subsecretario acerca de temas tales como el calentamiento global, el trabajo infantil, la sociedad de la información, la pobreza y el desarrollo científico, u otros. Se trata de los aportes permanentes que los representantes del país realicen en los foros especializados en los se discuten estos temas. La inserción del país en el proceso de globalización no es sólo una cuestión de más exportaciones y más importaciones. Es también la participación informada en la discusión de los variados problemas del mundo de hoy. En relación a estas cuestiones hay tres países en América Latina que tienen voz, en todos los asuntos o en algunos de ellos. Son Brasil, México y Argentina. Chile no realiza aportes o no tiene opinión o los delegados que concurren no están preparados. Es algo un tanto dramático porque el resto de los países, especialmente (pero no únicamente) del continente latinoamericano, esperan que Chile sostenga alguna posición y ayude a enriquecer el debate internacional. Están acostumbrados a leer o escuchar elogios sobre el crecimiento económico del país y el funcionamiento de sus instituciones democráticas. No es un asunto de más o menos presupuesto ya que delegados de Chile están presentes, sean permanentes u ocasionales, en casi la totalidad de las conferencias, reuniones o asambleas que se organizan. Es que simplemente no hablan, se ausentan de las reuniones, se retiran antes de la finalización del evento o no tienen claridad sobre la posición del país. La experiencia de muchos funcionarios del servicio exterior que deben asistir obligadamente a estos eventos es que piden al Ministerio una orientación acerca de los temarios a tratar y nunca les llega una respuesta.

Es de necesidad imperativa de los tiempos que corren realizar una pronta modernización de este Ministerio en cuanto a política de recursos humanos (remuneraciones, normas sobre el escalafón, régimen de jubilaciones, destinaciones, sistema de calificaciones); también en lo referente al nombramientos de embajadores (no necesariamente a cargo del Senado y el Ejecutivo, porque ello no asegura el término ni del cuoteo político ni de la acción de las redes endogámicas); normas democráticas sobre el gobierno y administración de las embajadas y misiones; incorporación del país a la discusión sobre los problemas que preocupan a la comunidad internacional y el modo de enfrentarlos. Para subsanar esta deficiencia se requiere un trabajo de coordinación permanente del Ministerio con diversas reparticiones del Estado, con Universidades y diversas otras organizaciones de la sociedad civil, gremios y sindicatos y, en ocasiones empresas económicas. Hasta ahora ello se ha realizado en forma superficial y con un resultado totalmente inútil.

ñ.- Significativos esfuerzos se han hecho durante estos años de gobiernos democráticos para ampliar y mejorar las políticas sociales del Estado. Tanto en salud, vivienda, empleo y relaciones laborales, capacitación y previsión se ha avanzado. En cuanto a educación se ha invertido mucho dinero para ampliar la cobertura hasta límites inéditos en todos los niveles. Sin embargo, la calidad de la educación no ha mejorado substancialmente, quizás, debido a que a pesar del tiempo transcurrido la actual matriz educacional del país es, en lo esencial, la heredada del gobierno militar. No ha habido una transición de un sistema educacional a otro. El régimen dictatorial concibió el desarrollo educacional, igual que el de otros sectores, como un negocio de los privados, los que orientados por el afán de lucro podrían ganar dinero ofreciendo teóricamente oportunidades educacionales de calidad. Algo semejante a su política de salud, lo que ha significado una gran diferenciación y estratificación sanitaria y educacional, según niveles de ingreso de las familias, y buenos negocios para los respectivos inversionistas. La clase media, en especial, resiente los altos costos de la educación privada y de la salud.

En educación hacen falta otros enfoques y nuevas acciones. Una educación de calidad no se obtiene simplemente con un mayor presupuesto y una buena estructura. Necesita además, y como condición necesaria, que los directamente involucrados en ella (profesores, estudiantes y padres) estén realmente motivados y tengan la disciplina, el rigor y la responsabilidad para llevar adelante las metas educacionales. Para ello es necesario, a su vez, que el conjunto de la sociedad (escuelas, medios de comunicación, empresas, sindicatos y gremios, comunidad vecinal, familias) se constituya en actor del proceso educativo, junto a profesores, estudiantes y padres. Es la sociedad docente. Este concepto implica también el hecho de que los adultos deban volver en diversas etapas de sus vidas a las aulas. Un ejemplo de la interrelación entre los distintos ámbitos de la realidad social con la educación es el deporte. El deporte no solo como parte del curriculum escolar sino el deporte como parte fundamental de la vida social extraescolar. Se trata del deporte como práctica de todo el universo infantil y juvenil y de la mayor parte del adulto. El deporte como escuela de formación del carácter y del espíritu de colaboración de los grupos. ¿Sabe usted que la natación – y no solo el ajedrez- es una excelente práctica para aumentar la capacidad de concentración mental de los jóvenes, lo que repercute en su capacidad de aprendizaje escolar? Además, la práctica universal del deporte en una sociedad mejora sus índices sanitarios. Cada individuo es más sano tanto física como mentalmente con la práctica deportiva. Y la buena salud de profesores y estudiantes es, naturalmente, otra condición necesaria para una educación de calidad.

El enlace entre deporte, salud y educación es necesario para tener una educación de calidad. Nuestra educación para avanzar necesita profesores y alumnos con disciplina personal y con alta motivación de logro. La una y la otra se pueden introyectar en los niños y jóvenes a través de la actividad deportiva. Ella, el arte y la cultura en general –incluyendo el trabajo solidario en las comunidades- debieran darle un contenido valioso al ocio de niños, jóvenes y adultos. La ocupación del tiempo libre con este contenido estaría más cerca del concepto griego de “ocio divino”, que consiste en no hacer nada salvo cultivar al espíritu y la salud corporal.

Niños y jóvenes llevan las normas y conductas aprendidas en su tiempo de ocio a la escuela. Si el tiempo de ocio es la calle, la mala televisión y el carrete las escuelas se transforman en multiplicadoras de las normas y conductas hostiles al trabajo escolar. Por ello encontramos en ellas violencia (que incluye agresiones a compañeros y profesores), drogadicción, robos y otras conductas delictivas. Si el tiempo de ocio se utilizara en deportes, arte y cultura otras serían las conductas y los valores escolares que estos niños y jóvenes podrían aportar a su educación formal.

Una educación de calidad requiere profesores de calidad. ¿Cuál es el nivel que tiene la formación de profesores en las numerosas instituciones formadoras de maestros que existen en el país? No olvidemos que el esquema vigente de educación superior es el heredado del gobierno militar y ha transformado a muchas de estas instituciones en fuentes de mega negocios. Otras preguntas a considerar son: ¿Cuál es el nivel de motivación profesional de los maestros en nuestra educación básica y media y cómo elevarlo? ¿Cuál es el rigor intelectual y profesional de estos maestros? También es necesario insistir en que sin estudiantes con disciplina (conductual y mental) y motivación por el estudio no es posible una educación de calidad. Profesores y estudiantes con fuerte motivación, rigor mental y disciplina en la acción pueden obtenerse sólo con el concurso de lo que hemos llamado la sociedad docente. Ello no se logra solo con el manejo de variables internas al sistema educacional, porque como dice el sociólogo francés Edgar Morin, en su libro La mente bien ordenada si bien “…son las interacciones entre individuos las que producen la sociedad, pero la sociedad con su cultura, con sus normas, retroactúa sobre los individuos humanos y los produce en tanto que individuos sociales dotados de una cultura” (Barcelona: Editorial Seix Barral, S.A.; 2000; pp. 171-2). Si es así nuestras escuelas siempre serán como sea la cultura de nuestra sociedad. El cambio en ellas debe acompañarse con el cambio de ésta.

Un ejemplo claro de lo que no se debe hacer en materia de sociedad docente es gran parte de la programación de la televisión chilena, incluyendo sus largos noticieros y la mayoría de sus programas. La TV es el medio de comunicación social al que los chilenos (los escolares y sus padres) están expuestos más horas al día y el que tiene mayor capacidad de penetración en la formación de actitudes y en el conocimiento del medio social. Es obvio que los programas de la televisión abierta no alientan ningún reverdecer ateniense en nuestra polis.

Tanto en salud como en educación y en el resto de las responsabilidades del Estado se necesita mejorar mucho en la eficiente gestión de los servicios y en la productividad de la fuerza de trabajo, aunque esto vale también para el sector privado. En la gestión del Estado se ha avanzado desde 1990 a la fecha, ¿pero cuánto queda por mejorar? La sociedad y la economía traen desafíos y problemas cada vez más complejos en la medida que avanza el proceso de modernización. Ello significa que muchas instituciones y personas que fueron útiles en el pasado no lo sean ahora. Si los gobiernos siguen operando con personal superior que hicieron su primera experiencia en los altos cargos en los años sesentas y setentas del siglo pasado chocarán una y otra vez con problemas de gestión. En los últimos años el país ha sufrido dolorosas experiencias a partir de ineficiencias de altos cargos. Ello va más allá de la incomprensible ineptitud que ha dejado al descubierto el Transantiago el que, además, ha mostrado la irracional segregación social de la ciudad. Ineptitud que atraviesa por dos gobiernos y segregación que implica que miles de personas que prestan servicios al sector oriente de la ciudad (donde vive la gente pudiente) deban trasladarse desde los extramuros de los otros extremos geográficos durante varias horas cada día y por decenas de kilómetros. ¿No lo sabían los diseñadores del Transantiago? Por culpa de esta ineptitud la imprescindible necesidad de modernizar un sistema de transporte urbano, a toda luz primitivo y peligroso, se ha convertido en una experiencia dolorosa para miles de capitalinos en vez de una de mayor seguridad y bienestar, situación que felizmente empieza a cambiar.

Eficiencia en la gestión y mayor productividad de la fuerza de trabajo también pueden favorecer la satisfacción laboral y la vida familiar. En nuestro país se permanecen muchas horas al día en los lugares de trabajo, sin que con ello aumente la productividad (gerentes incluídos). Con mayores conocimientos, más responsabilidad y mayor motivación personal de todos los que componen la fuerza de trabajo las horas de permanencia podrían abreviarse significativamente a favor de la vida familiar y el aprendizaje formal o informal. Y se podrían obtener mejores salarios lo que, a su vez, es esencial para elevar los niveles de motivación y satisfacción laborales.

CONCLUSIONES

a. Decir una palabra definitiva sobre la calidad de la transición en Chile no es posible sin estudiar profundamente los temas mencionados y probablemente otros que no hemos enumerado. La libertad y el imperio de la ley, en términos generales, han estado asegurados por el nuevo pacto social. Pero hay otros aspectos menos claros y algunos francamente grises que no nos permiten concordar, a priori, con el carácter modélico de nuestra transición. Desde luego ella partió desde una situación muy controlada y vigilada, bajo acuerdos negociados de estricto cumplimiento, sin que el gobierno democrático tuviese el mando de las fuerzas armadas. Y esa es la razón por la cual se prolongó tanto en el tiempo y la razón por la falta de consenso acerca de su término, tantas veces anunciado y tantas veces desmentido. (Hay que decir que como tema de interés político el del término de la transición dejó de ser relevante. Con la elección de Michelle Bachelet el asunto se dio por concluido, sin necesidad de ningún pronunciamiento al respecto. Y la muerte del General Pinochet confirmó aquello). Si la misión principal de la Concertación fue realizar la transición política de la dictadura a la democracia ella está hecha. En este respecto la Concertación cumplió su misión histórica, “en la medida de lo posible”. A partir de este cuarto gobierno se ha dado inicio a una nueva etapa tanto en la vida política del país como de la coalición gobernante. Desde luego, el liderazgo personal de la Presidenta, original en nuestra política, ha puesto los asuntos del país en otra perspectiva temporal: el futuro. El pasado nos permite tener más luces sobre las dificultades del presente, pero el futuro habremos de construirlo con una nueva visión. La crisis política que vive la coalición obliga también a ello.

El término de la transición, la muerte del General Pinochet, la crisis de la Concertación y el tipo de liderazgo de la Presidenta (junto a algunos nombramientos desafortunados y la escasa prolijidad laboral de no pocos colaboradores) han traído a la política chilena una buena cuota de incertidumbre. No todos los actores se han orientado con claridad ante la nueva situación, ni en la izquierda, ni en el centro ni en la derecha. Por ello la Concertación deberá dotarse de una nueva identidad que, a la vez, supere e integre a sus partidos con la posibilidad de que ella deje afuera a algunos sectores de los que están dentro e incorpore a otros que están fuera. Tanto en este caso, como si continuara su actual composición, deberá superar sus errores, habrá de asumir nuevos temas, abrirse a resolver de algún modo sus actuales contradicciones (como las valorativas) y darse una nueva mística que supere las frustraciones, los odios y las ambiciones personales. Ella empezó como una coalición de centro izquierda, pero la necesidad de darle gobernabilidad al país privilegió la estrategia de los consensos (Concertación/derecha) lo que fue, por la misma lógica de la estrategia, transformando su política en una de centro propiamente tal y, en no pocas ocasiones, de centro derecha. ¿Habrá posibilidades de gestar una gran alianza de centroizquierda inclusiva? Si la Concertación agotó su capacidad para gobernar el país hacia el desarrollo político, económico y social con reducción progresiva de las desigualdades sociales y territoriales, y con franca redistribución del ingreso tiene, pues, sólo dos posibilidades: a) cambiar profundamente; o b) dejar de ser gobierno en el futuro próximo y dar paso a uno de derechas.

La situación de hoy plantea un interrogante decisivo, ausente en el periodo de las tres primeras presidencias de esta alianza. Si la transición a la democracia está realizada ¿para qué quiere ser gobierno la Concertación en un quinto periodo presidencial? Esta es la pregunta a contestar. Porque si lo que se ofrece a la ciudadanía es más de lo mismo habría que sopesar con detención la eventual conveniencia de la alternancia. Los cuatro gobiernos de la Concertación han procurado avanzar en el proceso de recuperación de la democracia y satisfacer las necesidades de la gente abandonada durante el largo régimen militar. Para ello llevaron una política fiscal responsable y procuraron un crecimiento económico basado en la inversión del gran capital. Esto está consolidado. Ahora es necesaria una visión que dibuje nuevos horizontes. En esto concordamos con Carlos Peña, que escribe: “…cuando la política renuncia a modelar las preferencias de la gente, a conferirle un significado al tiempo –esto primero, esto después, en razón de eso o aquello-, la insatisfacción nos inunda por todos lados, sin importar lo que hagamos. O lo que tengamos. Cuando el deseo lo inunda todo, las comunidades y las personas no van para ningún lado: simplemente van”. (Véase “El mal del infinito”; columna en El Mercurio; 10 de junio de 2007; p. D 12). Como en la simpática y aguda pregunta de Jack Kerouac en su novela On the Road (1957):

“Muchachos ¿van a alguna parte o simplemente van?”

b.- Hay, por tanto, que hacer un esfuerzo consistente para superar la actual crisis de la coalición. La Concertación necesita un nuevo aire, que incluya una recomposición que incorpore más fuerzas e ideas progresistas. No es necesario inmovilizarse en el diagnóstico de la actual coyuntura política ni en los errores del pasado. El país y el mundo son ahora diferentes a lo que fueron en 1990. Lo lógico es que la Concertación procure abrir puertas y ventanas y plantear al país un proyecto para el mediano plazo que apoyándose en lo positivo de su trayectoria plantee nuevas ideas que movilicen otra vez el entusiasmo y las esperanzas del ciudadano común. ¿Quién podría convocar a estas reflexiones y debates, y velar por su éxito? La dirigencia política responsable junto a gente de la cultura, líderes de organizaciones sociales y científicos interesados en el devenir político y social. Una convocatoria amplia, variada, que sobrepase los límites de la elite política. El nuevo proyecto, de ser exitoso, ha de emanar de amplias discusiones en diferentes escenarios, con la participación de la sociedad política (sus partidos) y de la sociedad civil (sus diversas organizaciones sociales, territoriales, educacionales), con la participación de dirigentes populares, intelectuales y artistas, y pueblo independiente. El desafío es que los ciudadanos, auténticos titulares del poder democrático, tomen parte en esta tarea de modo de ir consolidando potentes vínculos entre la Concertación y la sociedad civil, sin los cuales difícilmente esta coalición recobrará los niveles de adhesión de los que ha disfrutado desde sus inicios. El nuevo proyecto o, quizás, una nueva coalición deberá orientar la marcha del país para el tiempo que viene, tratando de superar la situación actual en la que la política está consumida por el corto plazo.

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